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ULTIMAS TEORIAS: EXPLOTACION DE LA CONQUISTA |
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Sólo poco a
poco, conforme se frenaba su marcha hacia el Norte y llegaban nuevos
soldados orientales -el caso más típico es el del ejército de Balch (740)-
se fue planteando de modo más intenso la necesidad de subsistir sobre los
territorios ya ocupados a falta de nuevas conquistas, y así empezó el
dominio y la explotación directa de la tierra que pertenecía al Estado
como consecuencia del reparto del botín. La realidad se mostró mucho más compleja de lo previsto por la Ley coránica y hubo que recordar que el Profeta no había aplicado siempre -tal vez por no habérsele revelado aún-el mismo sistema de reparto del botín; que el califa Umar I (634-644) había tenido que improvisar -teniendo en cuenta, evidentemente, lo que ocurría en Bizancio y en Persia- una doctrina económica que hiciera viable la expansión militar con la subsistencia de la administración, reorganizando la hacienda pública de acuerdo con las nuevas necesidades. Por tanto, aparecieron nuevas concepciones tributarias: se admitió la existencia de dos tributos coránicos: el azaque para los fieles y la chizya para los dimmíes (infieles) y, para todos, un impuesto sobre la tierra, el jarach. La conversión llevaba en principio el fin del pago de la chizya y entrar en las listas de los fieles que pagaban el azaque con las ventajas que representaba la diferencia de cuotas entre uno y otro impuesto. El Jarach se mantenía en caso de ser terrateniente o bien aparcero, cuyas liquidaciones se saldaban a través de la correspondiente vía administrativa. Pero las tierras conquistadas por la fuerza pasaban a ser propiedad de la colectividad de los musulmanes, que los cedía, a precario, a sus primitivos dueños, y sólo cuando se detuvo el avance se planteó el problema del traspaso de las mismas a personas determinadas mediante un procedimiento de asignaciones que permitieron al novel propietario pactar sus propias condiciones con los colonos y beneficiarse de la diferencia entre lo que de éstos recibía y lo que tributaba al Estado, procurando o, mejor dicho, evitando que los dimmíes se convirtieran fácilmente para evitar la disminución de sus rentas y, en caso de no impedirlo por estar convencido de la sinceridad de la conversión, hacer, a veces, a todos sus coterráneos responsables del pago de una suma alzada constante prescindiendo del número de individuos que inicialmente habían convenido en la misma. |
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